Prevalece tortura en corporaciones

* "En pañales" aún la investigación policiaca
* Avances científicos no "aterrizan" en la PGJE


Luis Fernando López Parra


La tortura se ha convertido de nuevo en una práctica recurrente de las corporaciones policiacas para sacar declaraciones a los presuntos delincuentes, como quedó de manifiesto en el caso de los hermanos Pablo y Saúl Anaya Vega, del ejido Macoyahui, El Fuerte.
A ambas personas se les detuvo como presuntos responsables de la muerte de Salvador Jáuregui Iñíguez, ocurrido el pasado domingo 6 de agosto por una de las calles del Campo Esperanza, El Fuerte, cuando el ahora occiso vendía nieves en una camioneta Van, marca Chevrolet.
Después del "usted disculpe", los dos hermanos fueron dejados en libertad, uno el lunes y otro el martes de la misma semana, al no encontrar pruebas que permitieran dictarles el auto de formal prisión como presuntos responsables del crimen del nevero de la colonia Rubén Jaramillo.
María Elena Ramírez Ibarra, cuñada de Saúl Raymundo Vega Anaya, denunció ante la Suprocuraduría de Justicia a los agentes policiacos por allanamiento de morada, abuso de autoridad y lo que resulte, cuya averiguación previa está radicada en la Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común de El Fuerte.
La misma hermana de los inculpados, Silvia Anaya Vega, acusó además a los agentes de utilizar la tortura como una forma de obligarlos a declarsarse culpables del crimen, ya que el día de su liberación presentaban todavía golpes en la espalda y los brazos.
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Pero el caso del que todavía existen sospechas de que a agentes antisecuestros se les pudo pasar la mano al estarlos "interrogando", es el de las dos personas encontradas muertas dentro de un auto en las aguas del Canal Alto, frente la comunidad de Ruiz Cortines y a escasos 700 metros de la Calle Cero.
Como se recordará, Iván Orduño Domínguez y Jorge Alberto Verduzco Nieblas, desaparecieron desde la tarde del domingo 6 de agosto, cuando según testigos presenciales, fueron "levantados" en las inmediaciones del fraccionamiento Residencial del Valle por varios sujetos que viajaban en una suburban y un tsuru blancos.
El mismo hermano de uno de los ahora occisos, José Luis Verduzco Nieblas, se ha mostrado reticente a aceptar el dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que existen varias dudas sobre la desaparición y posterior muerte de los "levantados".
Incluso, el domingo pasado se entrevistó con el gobernador Juan Sigfrido Millán Lizárraga para exigirle se investigue a fondo el caso y de comprobarse la participación de agentes policiacos se les aplique todo el rigor de la ley.
Las dudas sobre el "levantón" y posterior localización de los cuerpos en el interior del auto en que acudieron a comprar cerveza ese domingo por la tarde, es que la propia unidad estaba en neutral y se supone que el vehículo iba a exceso de velocidad cuando cayó al agua.
Las doce llamadas que se hicieron al *114 de la Policía Ministerial del Estado del teléfono celular propiedad de Orduño Domínguez, el cual no aparece al igual que una esclava de oro que llevaba puesta al momento de su desaparición, acrecentan las sospechas.
Las llaves del auto tempo, modelo 88, placas 4915DN2, de la frontera de Chihuahua, en que viajaban; las carteras de ambos, así como el seis de botes de Tecate "sembrado" encontrado en los pies del chofer, cuando se supone que iban a comprar un cartón de Pacífico, aumentan las incógnitas.
Aunque el dictamen arroja que la muerte fue por asfixia en inmersión de agua, Verduzco Nieblas se resiste a creer en los resultados de la autopsia, ya que sigue habiendo muchas dudas tanto en la actuación de las corporaciones policiacas, como en la forma en que se dio a conocer el lugar donde se encontraron los cuerpos.
"No es posible que no se sepa de quien es el número telefónico 01-687-23410, ni cómo se dijo en un principio que la llamada era anónima", se pregunta.
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Durante la persecución de los asesinos del jefe de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado (PME), Willians Alfredo Román García, a finales de abril pasado, fue notoria la falta de cuidado de los agentes policiacos para no borrar evidencias al momento de localizar y revisar la unidad en que huían.
Como se recordará, en esa ocasión agentes de la Policía Municipal de Culiacán fueron señalados por peritos de la PGJE de entrar a la Winstar gris y recoger una de las armas dejadas por los homicidas del jefe policiaco.
Como en éste y en otros casos de asesinatos violentos ha quedado de manifiesto la carencia de coordinación y delimitación de funciones para investigar este tipo de hechos, ya que ni se acordona el área del crimen, como tampoco se respetan armas, unidades o huellas dactilares.
Aunque la muerte violenta de este discreto investigador provocó reacomodos en la PME, que todavía no concluyen, la verdad es que su trabajo sigue sin ser superado por los jefes que actualmente dirigen a esta corporación policiaca.
Menos ahora que la desesperación por la falta de resultados, como afirman los dirigentes de los colegios de abogados y sectores productivos, ha empezado a causar ya preocupación en las autoridades estatales y en el propio gobernador Juan Sigfrido Millán Lizárraga.
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INVESTIGACION EN PAÑALES

Para el abogado Jesús López Leyva uno de los síntomas de la poca eficiencia de la investigación policiaca en Sinaloa se refleja en que el 95 por ciento de los crímenes sangrientos siguen sin ser esclarecidos y en muchos casos ni tan siquiera se integran averiguaciones.
El también asesor de la FAS, en una reciente colaboración en un medio de comunicación local, afirma que los primeros 15 a 20 minutos son básicos en la investigación y posterior esclarecimiento de la comisión de un delito criminal.
La falta de laboratorios bien equipados en criminalística y balística, comenta, no han permitido que los agentes investigadores de la entidad puedan obtener resultados creíbles y positivos en los hechos delictivos que se registran actualmente.
Menos cuando los mismos peritos de la PGJE llegan hasta dos horas tarde a los hechos delictivos, como ocurrió, por ejemplo, con el homicidio de la joven Ana Verónica Pacheco Nieblas, donde incluso al llegar al lugar de crimen hicieron alarde de prepotencia.
El exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Alberto Llanes Félix, resalta que los investigadores y peritos de la PGJE, aunque cuentan con preparación técnica, carecen de recursos y equipo para analizar las evidencias y sustentar con pruebas sus hipótesis criminalísticas.
En muchas ocasiones, refiere, los mismos jefes policiacos desconocen o pasan por alto acordonar el área para evitar que curiosos o agentes de otras corporaciones muevan o destruyan evidencias, lo que muestra la falta de cultura en materia criminal.
"Esta ineficiencia investigativa sigue siendo uno de los obstáculos que no permite tener resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado y que los archivos de la PGJE estén llenos de rezagos y de muchos casos a los que se les ha dado carpetazo", concluye.

PREVALACE CORRUPCION EN POLICIAS

En declaraciones a los medios de información, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Ezequiel Herrera Sandoval, reconoce que si bien ha bajado el índice delictivo en la entidad, los resultados todavía no son satisfactorios.
Para el líder de los litigantes la corrupción e impunidad siguen siendo el problema a superar en el estado, ya que la filtración de información hacia las bandas criminales y colusión de algunos jefes y agentes policiacos continúa limitando el trabajo en la procuración de justicia.
Los cambios en los mandos de la corporaciones, comenta, ya eran necesarios, pues en toda corporación se hace indispensable la rotación de agentes y comandantes, para evitar la creación de intereses que a la larga se convierten en trabas para la investigación de los delitos.
"Lamentablemente la falta de profesionalismo en las policías provoca que se continúe con las técnicas de detener y después investigar, lo que en definitiva debe desaparecer en Sinaloa y todo México para acabar ya con la violencia y la impunidad".
Herrera Sandoval afirma que si bien a nivel estatal se han bajado los índices de homicidios, en la zona norte se ha registrado un repunte en los niveles de inseguridad que dan muestra del fracaso de los programas preventivos y de procuración de justicia.

NO HAY CONTINUIDAD EN LA PGJE

El abogado Joel Godoy Corrales insiste en que la falta de continuidad en los programas de seguridad pública y la no institucionalización del Servicio Civil de Carrera ha limitado la procuración de justicia, ya que al mismo procurador y a los ministerios públicos los siguen nombrando a partir de la relación política con el gobernador en turno.
Otro de los elementos que trunca la investigación, asegura, es la carencia de una especialización y profesionalización de los ministerios públicos, ya que el cúmulo de trabajo que llega a las agencias y la falta de modernización tecnológica los obliga a darle agilidad y no integrar adecuadamente una averiguación previa.
"Mientras no se logre que el procurador sea designado a partir de una elección directa de la
ciudadanía o que el Congreso de Estado a partir de una terna, estos funcionarios van a seguir dependiendo de los jefes que los ponen y nunca al interés de la sociedad".
Godoy Corrales apunta que el crimen organizado siempre va un paso adelante en tecnología y poder económico, lo que le permite tener conocimiento de las fallas de la procuración de justicia para hacer acrecentar su fuerza y doblegar cualquier iniciativa en su contra.
También, agrega, las autoridades se han convertido en excelentes "estilistas", ya que para minimizar los hechos delictivos y ocultar sus deficiencias acuden al "maquillaje" de las cifras en los medios de comunicación para tratar de engañar a la ciudadanía.

INVESTIGADORES, "TODOLOGOS"

"Una muestra de la falta de un programa integral de investigación policiaca, es el caso de los grupos especiales, pues si bien en los antisecuestros se ha logrado algún avance, en el resto de los delitos son "todologos", ya que un día investigan robo de carros y al otro los mandan a indagar algún homicidio".
El exvicepresidente de la FAS e integrante del Colegio de Abogados "Ignacio L. Vallarta" afirma que nunca ha habido un verdadero interés por profesionalizar a los investigadores, pues nomás el Instituto de Ciencias Penales ha cambiado como tres veces de nombre.
Cada gobierno que llega al poder estatal, enfatiza, busca la forma de echar abajo lo que hizo el anterior y si Amado Zambada Sentíes trabajó sobre la línea de las agencias especiales, Gilberto Higuera Bernal ha buscado que la integración de las averiguaciones se hagan de otra forma.
"En estas condiciones nunca se podrán lograr buenos resultados, ya que en tanto un investigador no tenga los elementos suficientes para sustentar una acusación y un ministerio público no integre bien las averiguaciones, la procuración de justicia seguirá adoleciendo de las mismas ineficiencias de siempre".
Godoy Corrales indica que la prueba más palpable en la falta de resultados contra el narcotráfico y el crimen organizados son las constantes ejecuciones y la desesperación que empieza a reinar en los altos mandos de la PGJE y el propio gobernador.

AVANCES EN CRIMENES: PROCURADOR

Tanto el subprocurador de Justicia, Melchor Cota Peñuelas, como el comandante de la Policía Ministerial del Estado (PME), José Luis Ibarra Velázquez, han declarado a los medios informativos que existen avances en las investigaciones de la ola delictiva en la región.
Ambos funcionarios indican que en los trabajos indagatorios se ha logrado recabar datos para esclarecer los casos más sonados de los últimos dos meses del año, por lo que es cuestión de días para dar con los autores de los asesinatos sangrientos.
Sobre el caso de los "levantados", Cota Peñuelas señala que se continuará con las investigaciones hasta conocer quienes fueron los culpables de este doble homicidio, sin precisar nada aún sobre las dudas de los familiares por la supuesta participación de agentes antisecuestros y el rechazo al dictamen de la PGJE.
Por su parte, Ibarra Velázquez afirma que en los casos de las muertes violentas del velador del
bar "El Zarape" y la joven empleada de la frutería "Edith", existen buenos indicios para dar con los responsables, por lo que espera que en los próximos días se tengan resultados positivos.

CRECE INDICE DELICTIVO

En estudios comparativos de los primeros 7 meses del año pasado con lo que va del presente, si bien se ha logrado una disminución de dos décimas el índice de homicidios dolosos en la entidad, en la zona norte ya van más de 13 asesinatos de los cuales apenas tres han sido aclarados.
De acuerdo con datos de la propia PGJE, a julio del 1999 se habían registrado 344 ejecuciones, mientras que para el mismo mes, pero del presente año iban 298, o sea 46 casos menos, lo que da un promedio de 1.6 y 1.4 asesinatos por día, respectivamente.
El incremento de los homicidios sin resolver en la zona norte, son la piedra en el zapato de las autoridades policiacas, ya que es un hecho inusitado que en los primeros siete meses del 2000 ya se ha rebasado la cifra de asesinatos ocurridos durante todo el año pasado.
Además de los hechos sangrientos, el repunte de los secuestros han provocado que las autoridades traten de minimizar cifras, con anuncios de que ya se tienen avances en las investigaciones, o tratando de ocultar información, como ocurrió durante el plagio de Ildefonso Salido Ibarra.

CAMBIOS, POR FALTA DE RESULTADOS

La llegada de Ramón de Jesús Castro Atondo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en sustitución de Edgar Armando Acata Paniagua fue uno de los enroques que muestra el cambio de rumbo en materia de seguridad, ya que el nuevo funcionario reconoce las fallas en esta materia.
Primero con el Comando Unico y ahora con la Fuerza de Acción y Reacción, que ahora se habrá de ampliar a todo el estado con la participación de la Policía Municipal de los 18 Ayuntamientos, se buscará hacer frente a la creciente ola delictiva de los últimos meses.
La misma sustitución del director de la PME, Héctor Manuel López Ibarra por Jesús Antonio Aguilar Iñiguez ha sido entendida como los reacomodos necesarios para ofrecer resultados que bajen las constantes críticas de una ciudadanía cada día más exigente.