En la ilegalidad Carce y Comuna

Violan cláusulas del contrato
de concesión en el servicio
de recolección de la basura


Luis Fernando López Parra


En la controversia desatada entre las autoridades municipales y la empresa Carce del Pacífico por el problema del barrido de calles y los altos cobros por la prestación de servicio de recolección de basura se ha llegado hasta reconocer la ilegalidad del propio contrato de concesión.
Pero este caso tiene para más, ya que según denuncia pública de los regidores de oposición, el alcalde utilizó una partida especial por cerca de 500 mil pesos para un estudio sobre el tema que realizó quien fuera tesorero en el trienio de Ernesto Alvarez Nolasco, Iván Molina Ochoa.
Aunque se ha querido calificar como un problema meramente político, por parte de los regidores del PRI y el propio presidente municipal, el fondo de todo son las violaciones e incumplimientos en que han incurrido tanto Carce, como la propia comuna en este renglón.
Si bien el propio director del Departamento Jurídico, Jaime González Ochoa, trata de suavizar el conflicto, con el argumento "de la buena fe de ambas partes" ante las posibles pérdidas en caso de solicitar la cancelación del contrato, la realidad muestra una serie de irregularidades.
Además de lo costoso de la concesión de la basura, existen sospechas de actos de corrupción, violaciones constitucionales e incumplimientos de varias cláusulas como señala Conciencia Ciudadana en un documento enviado al alcalde Esteban Valenzuela García el pasado 5 de septiembre.
En el mismo tenor, Mario Zavala Osorio, tesorero durante el primer año y medio de gestión de Francisco Salvador López Brito, afirma que es la autoridad municipal la que se ha mostrado negligente con la actuación de Carce, al dejar que incremente hasta en 300 por ciento la tarifa por el servicio.

BARRIDO DE CALLES, INICIA CONFLICTO

Desde principios del año, las autoridades habían anunciado una serie de medidas para hacer cumplir a Carce con las cláusulas del contrato de concesión, que por diversas razones se había postergado, pero fue a medidos de agosto cuando inició el conflicto.
Después de intercambiar oficios sobre la suspensión del barrido mecánico de calles, en una primera carta al gerente de Carce del Pacífico, Arturo Leos Cortez, el alcalde Esteban Valenzuela García le reafirma la resolución comunicada por el director de Servicios Públicos Municipales, Artemio René López López.
Ya en la contestación a la misiva, el directivo de la empresa concesionaria aunque está en desacuerdo con la medida y dice que le asiste la razón, refiere que acepta dicha disposición por lo que habría de suspender a partir del 28 de agosto el barrido mecánico de calles.
Apoyado en el artículo 21 de la Ley Municipal, el primer edil apunta que es facultad de los ayuntamientos otorgar, pero también rescatar concesiones en caso de incumplimiento a las cláusulas o lineamientos del o los contratos por ellos contraídos (comuna y empresas).
Al respecto, Valenzuela García aduce que ante las quejas ciudadanas y de acuerdo con la valoración de la comuna, Carce incumplió con el servicio al "apreciarse una ciudad muy sucia, que refleja todo lo contrario a la limpieza de los ahomenses".
A su vez, Leos Cortez le replica que el director de Servicios Municipales no está facultado para cancelar en forma unilateral servicios que se encuentran claramente establecidos en el contrato concesión, ya que además no se tiene conocimiento de las supuestas quejas por el mal servicio.
Para enseguida aclarar: "Jamás se nos aplicó sanción o multa alguna por este concepto, lo cual refleja lo precipitado de la decisión... por lo cual es injusta e irregular la suspensión planteada".
Leos Cortez agrega que en los párrafos II y III de la página tres se contradice el alcalde al reconocer que el servicio de barrido mecánico está estipulado en el contrato y después lo niega al señalar que sólo se refiere a la "recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos del municipio".

INCUMPLIMIENTOS DE CARCE

Cuando se sometió la iniciativa de concesión de la recolección de basura a la aprobación del cabildo y Congreso del Estado, se dijo que este servicio se mejoraría y con el tiempo sería hasta un buen negocio para el municipio, lo cual permitiría destinar mayores recursos a obra social y hasta el momento no se ha cumplido al no respetarse el contrato.
Como formas de recuperación de recursos para el municipio, el contrato indica que Carce está obligada a construir un centro de reciclaje que permita la comercialización de productos sólidos y un porcentaje del dinero recabado será para el Ayuntamiento.
El mismo documento, signado el 19 de diciembre de 1996 y de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal, contempla un cobro al sector comercio y empresarial por el servicio de recolección de basura, pero hasta la fecha, ni Carce ni la comuna han cumplido con esta disposición contraactual.
Tampoco Carce ha cumplido con la campaña de concientización y educación ciudadana sobre el tratamiento y reciclaje de la basura, que se signó como parte de la concesión del servicio.
El contrato especifica que semestralmente se aplicará un incremento a la tarifa del 2 por ciento por concepto de incremento poblacional y hasta el momento hay 22 nuevas colonias y 55 comunidades rurales sin servicio de recolección de basura.
También se estipula que Carce realizaría de entrada una inversión superior a los 20 millones de pesos y según la autoridad municipal no ha cumplido del todo con esta promesa.
Para que la concesión tuviera vigencia, Carce tendría que haber depositado una fianza equivalente al importe de 10 mensualides -20 millones de pesos actuales-. En tanto el Ayuntamiento abriría una línea de crédito contingente a favor de la empresa concesionaria, sin que hasta el momento se haya cumplido con ambos requisitos.
El contrato contempla también que Carce arborizaría la zona donde se encuentra el relleno sanitario, sobre todo las celdas ya clausuradas, y no cumplió. Como tampoco instaló la geomembrana de plástico en las celdas, ni construyó la laguna de lixiviados.
Hasta el momento tampoco ha construído el depósito de residuos peligrosos, ni recoge la desperdicios de la industria local, que tienen que pagar una cuota extra a empresas especializadas para tratar aceites, grasas, metales y químicos que se utilizan y deshechan en los talleres.

CONCESION, VICIADA DE ORIGEN

Para los encargados de difusión de Conciencia Ciudadana, Guillermo Zermeño Cedillo y Carlos Salazar Chávez, la falta de sensisibilidad de las entonces autoridades municipales, encabezadas por Francisco Salvador López Brito, provocó que se diera una concesión viciada de origen.
En el citado documento, en poder de este medio, ambos integrantes de la organización coinciden en que con la asignación del contrato a Carce se creó un monopolio, violando el artículo 28 constitucional, cuando existen transportistas que no encuentran empleo para sus unidades.
Recuerdan que en agosto del 96 se hizo una propuesta para buscar puntos de acuerdo sobre este problema y la posibilidad de aplazar la firma del contrato, pero el entonces alcalde López Brito sostuvo que ya había un trabajo adelantado y era poco probable que se suspendiera.
Además, el proyecto de rellenos sanitarios ya no es la mejor opción, ya que aunado al problema de la contaminación de los mantos freáticos, la basura no se desintegra, por lo que la mejor alternativa son el reciclaje y la incineración de los deshechos orgánicos e inorgánicos, anotan.
Cabe señalar, agregan, que Conciencia Ciudadana se opuso y se opone a privatizar y concesionar el servicio público de recolección de la basura, porque es obligación de los municipios prestarlo de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución.

AUDITORIA A CARCE

Después de más de año y medio de gestión de la actual administración municipal, apenas ha iniciado acciones tendientes ha regularizar el problema de la recolección de la basura y por ello se ha dispuesto una auditoría a rutas y tonelaje que recoge Carce.
El alcalde Esteban Valenzuela García admite que la operación de Carce no está muy clara, por lo que con la revisión se buscará determinar si el cobro que pretende hacer, que rebasa actualmente los dos millones de pesos, se justifica en el servicio que presta.
Los monitoreos, añade, se harán en las propias rutas de recorrido diario en colonias y el medio rural, así como en la verificación de las básculas en el relleno sanitario, para de esta forma saber a ciencia cierta si Carce recoge la cantidad de toneladas que dice.
"Los recursos invertidos en los estudios sobre el tema de la basura se busca saber si es real los gastos de operación y de residuos que recoge Carce, para de ahí determinar si cumple con lo establecido o se busca otra empresa que preste el servicio", aclara Valenzuela García.
En los primerios recorridos de rutas realizado por personal de la comuna se ha logrado saber que sólo capta entre 250 y 270 toneladas diarias de deshechos y no las 330 toneladas de basura que dice recoger Carce, admite Artemio René López López.
El director de Servicios Públicos Municipales afirma que en la ciudad se producen poco más de 400 toneladas de basura diarias, por lo que el resto de las 150 son recogidas por personal y unidades adscritas al Ayuntamiento.
También reconoce que hasta la fecha se ha dejado de percibir poco más 100 mil pesos mensuales por concepto de cobro del servicio a comerciantes y empresarios, ya que solamente lo hacen 100 negocios en la actualidad, los cuales aportan alrededor de 30 mil pesos al mes.

QUE CUMPLAN CARCE Y COMUNA: IP

Sin ocultar sus contradicciones, los dirigentes de la iniciativa privada han sido parte del conflicto, ya que si bien en un principio trataron de defender la concesión del servicio como lo más viable, ya conocidos los intereses en disputa, exigen que tanto Carce como la coumna cumplan con sus obligaciones.
Para el presidente de la Canaco, Ernesto Hays Olea, es sospechoso que a mitad de la gestión de las actuales autoridades municipales se estén queriendo corregir anomalías, que se supone fueron detectas desde el principio de la asunción del poder.
"Además, si se está buscando ahorrar recursos como se ha dicho, no es inviertiendo más de medio millón de pesos en un estudio para cambiar el régimen o cancelar la concesión de Carce como se podrían destinar mayores apoyos a obras prioritarias".
El dirigente del comercio organizado refiere que existen áreas y departamentos que por su ineficiencia e inoperatividad, podrían ser limitados y dar paso a un disminución del gasto operativo para canalizarlo a rubros prioritarios del municipio.
El presidente de la Canacintra, Jorge Balderrama Estrada, considera saludable que la comuna realice la auditoría al Carce, ya que esta medida debió tomarse desde que entrá en operación la concesión tanto por la anterior como por la actual administración municipal.
La empresa concesionaria, indica, siempre ha estado dispuesta a esa revisión contable y operativa, pero por negligencia u omisión de las pasadas y actuales autoridades municipales nunca se ha realizado la auditoría que estipula el mismo contrato concesión.
Precisa que de ser necesario una nueva empresa para cubrir el servicio de recolección de basura, primero se debe hacer un análisis profundo del que opera actualmente Carce y si es insuficiente cabría la posibilidad de concesionar la demanda restante.
"El conflicto debe resolverse de manera concertada buscando el beneficio de todos y asumiendo cada una de las partes la responsabilidad que a cada quien corresponde", concluye.

CONFLICTO POR ESTUDIO

"En su afán por echar abajo todo lo realizado por la administración pasada, las actuales autoridades municipales pierden los pesos por los centavos, con su intención de cancelar el contrato de concesión del servicio de recolección de la basura", afirma el regidor panista Gustavo Soto Portillo.
El edil de la comisión de hacienda asegura que en el caso de los 500 mil pesos que utilizó el alcalde sin consultar al cabildo para pagar los honorarios a Iván Molina Ochoa, se desviaron recursos de otros rubros, donde tienen injerencia los regidores.
El regidor del PRD, Jorge Quintero Arredondo, aunque está de acuerdo con la suspensión del servicio de barrido de calles a Carce, indica que la actuación del alcalde en el caso del estudio sobre la basura deja mucho que desear y muestra la falta de respeto a las normas jurídicas.
El regidor del PRI Efraín Robles Ussher justifica la actuación del alcalde, ya que es facultad de la autoridad municipal utilizar las partidas especiales en los rubros que considere pertinente sin necesidad de solicitar autorización del cabildo.

NEGLIGENTE COMUNA CON CARCE

El industrial Mario Zavala Osorio manifiesta que el problema del incumplimiento de Carce es por la debilidad que ha mostrado el Ayuntamiento para hacer valer las cláusulas del contrato, ya que cada una de las disposiciones que no se han cubierto es por esa falta de congruencia.
El extesorero municipal afirma que en todo este tiempo las autoridades municipales han actuado de manera negligente con Carce, pues la empresa concesionaria no ha cumplido con todas las cláusulas del contrato precisamente porque no se le ha exigido.
Hasta el momento, Mazatlán y Guasave son los únicos municipios en los que se han hecho propuestas para concesionar el servicio de recolección de basura, en el primer caso ya fue rechazado el proyecto por parte del cabildo del puerto, mientras en segundo se aplica sólo en la zona rural.